INFORMACIÓN OFICIAL CORONAVIRUS

.- 6 de Abril de 2020 – Recordamos norma legal de interés e  informamos sobre la Orden SND/307/2020, por la que se establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, y el modelo de declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo

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.- 3 de Abril de 2020 – En relación con la suspensión de los contratos públicos de servicios de transporte escolar y de cara a solicitar el necesario abono de daños y perjuicios al transportista como indica la legislación, te facilitamos un documento indicando los costes medios fijos que la explotación de un vehículo estándar genera a una empresa de transporte de viajeros en base al Observatorio de Costes de Transporte de Viajeros en Autocar del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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.- 2 de Abril de 2020 – Se adjunta Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones tributarias y demás obligaciones relacionados con deudas de derecho público durante el Estado de Alarma. Publicado y emitido por la consejería de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de 

De igual forma se adjunta documento elaborado por la CEA (Confederación de Empresarios de Andalucía) con las líneas de ayudas y otros recursos destinados a la actividad empresarial, para paliar los efectos del COVID-19. Para llegar al enlace consulta este PFD o pincha aquí

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.- 1 de Abril de 2020 – Desde la asesoría jurídica de ATEDIBUS – FEDINTRA os adjuntamos modelo de escrito al que solamente debéis incorporar vuestros datos empresariales y de los lotes de transporte escolar para que a la mayor urgencia posible lo presentéis ante la Dirección General de la APAE y ante la Consejería de Educación. La presentación deberá hacerse por los registros electrónicos correspondientes y a través del certificado digital como hacéis ordinariamente con los escritos dirigidos a la Junta. En cuanto a la APAE, si no pudierais presentarlo ante la Dirección General, presentarlo ante las Gerencias Provinciales, que tienen obligación de tramitarlo.

Se os envía este escrito como consecuencia de la interpretación que ha hecho la Abogacía del Estado del art. 34 del RD Ley 8/2020, por el que se suspenden los contratos administrativos (aunque la norma de la Junta de Andalucía diga lo contrario), y especifica que el procedimiento es a instancia del contratista aunque tiene efectos desde que se produjo la suspensión.  Es importante para los transportistas tener la máxima garantía para recibir las indemnizaciones que correspondan por la suspensión de los contratos. Las indemnizaciones no podemos cuantificarlas en este momento, porque cada día de suspensión cuesta dinero; por ello al levantamiento de la suspensión habrá que instar el percibo de dichas indemnizaciones de daños y perjuicios, coincida el levantamiento de la suspensión con el levantamiento del estado de alarma o no, puesto que a fecha actual desconocemos si el curso escolar se finalizará o no presencialmente. Es importante destacar que por la suspensión el contrato no se puede resolver y debe proseguir una vez se levante la suspensión por el tiempo que reste de los días lectivos, entendemos que habrá que arbitrar soluciones para cumplir el contrato si no se finaliza el curso escolar 2020 a partir del mes de septiembre.

En todo caso, desde FEDINTRA vamos a seguir instando que se fijen indemnizaciones a tanto alzado de forma porcentual por el periodo de suspensión de los contratos de transporte escolar como se está realizando en otras comunidades autónomas (50% en la Comunidad de Madrid y de Galicia, y el 80% en el País Vasco y Castilla-La Mancha). Hemos solicitado una reunión con el Presidente de la Junta, habiendo recibido contestación de su Gabinete en el sentido de que se nos atenderá en cuanto sea posible.

Como podréis observar de la lectura del escrito, desde la Asesoría Jurídica lo que pretendemos es que el transportista tenga la máxima seguridad jurídica en los procedimiento legales. Por ello insistimos en el interés de la presentación individual por cada empresario de este escrito.

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– Desde la Asesoría Jurídica de ATEDIBUS/FEDINTRA adjunto se remite el Real Decreto ley 9/2020 de 27 de marzo que establece medidas en materia laboral, publicado en BOE el pasado sábado, como complemento del Real Decreto Ley 8/2020 (en el que se regula todo lo relativo a los ERTE). Es importante de esta norma legal lo siguiente:

1.- Artículo 2-Medidas extraordinarias para la protección del empleo:

La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Ello significa que desde la fecha de entrada en vigor de esta norma, es decir, el día de su publicación en el BOE 28-03-2020 (Disposición Final Tercera), no se podrán efectuar despidos objetivos. Cualquier otro tipo de despido de orden disciplinario sí se podrá llevar a efecto, y entendemos que cualquier otro tipo de despido objetivo siempre y cuando no tenga causa en el Covid-19.

2.-  Artículo 3-Medidas extraordinarias de desarrollo del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para agilizar la tramitación y abono de prestaciones por desempleo.

  1. El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada basados en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representación de aquellas.

Esta solicitud se cumplimentará en el modelo proporcionado por la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y se incluirá en la comunicación regulada en el apartado siguiente.

  1. Se especifica toda la información que debe aportarse:
  2. a) Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o reducciones de jornada se soliciten.
  3. b) Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y dirección de correo electrónico del representante legal de la empresa.
  4. c) Número de expediente asignado por la autoridad laboral.
  5. d) Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha de inicio en que cada una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas.
  6. e) En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual.
  7. f) A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de aquellas para su presentación.
  8. g) La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.

La empresa deberá comunicar cualesquiera variaciones en los datos inicialmente contenidos en la comunicación, y en todo caso cuando se refieran a la finalización de la aplicación de la medida.

La comunicación referida en el punto apartado anterior deberá remitirse por la empresa en el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente de regulación temporal de empleo en los supuestos de fuerza mayor a los que se refiere el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o desde la fecha en que la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso de los procedimientos regulados en su artículo 23. La comunicación se remitirá a través de medios electrónicos y en la forma que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal.

En el supuesto de que la solicitud se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha. La no transmisión de la comunicación regulada en los apartados anteriores se considerará conducta constitutiva de la infracción grave.

3.- Artículo 5-Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales.

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas.

Entendemos que cualquier otro contrato temporal de trabajo actualmente en alta en la empresa, que no haya sido objeto de un ERTE, y que esté en prestación laboral, llegado el vencimiento temporal de su contrato, este debería quedar extinguido; ya que carece de sentido, y es contrario a Ley, suspender un contrato de trabajo que está en actividad laboral, ya que la suspensión supone cese de actividades por ambas partes: trabajo/salario. No obstante ello, ante la confusión de este artículo, su mala redacción y los defectos legales de su exposición, estamos a la espera de que unifiquen criterios por la Inspección de Trabajo y el propio Ministerio.

4.- Disposición Adicional Primera – Limitación de la duración de los expedientes temporales de regulación de empleo basados en las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

La duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados al amparo de las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la misma norma, entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus posibles prórrogas.

Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa como a los que sean resueltos por silencio administrativo, con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta. Esto significa, a nuestro juicio, que todo expediente instado conforme al RD 8/2020 prolonga sus efectos por el mismo plazo que el estado de alarma.

5.- Disposición Adicional Segunda – Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas.

En ese apartado se especifica que las solicitudes presentadas por la empresa que contuviesen falsedades o incorrecciones en los datos podrán dar lugar a sanción; será sancionable la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, si por esta solicitud se han conseguido prestaciones indebidas. Esto puede dar lugar a que la empresa deba tener que aportar las cantidades percibidas por desempleo por un trabajador incluido en un ERTE que se entienda producido indebidamente. El trabajador percibirá sus salarios menos lo cobrado por desempleo cuyo reintegro correspondería a la empresa a favor del sistema público.

Entendemos que el silencio administrativo da lugar a una resolución favorable y que por el Real Decreto Ley 9/2020, el Gobierno está garantizándose la posibilidad de instar expedientes sancionadores ya que la resolución administrativa habrá tenido efectos positivos y solo cabría la misma anulándola por fraude de Ley.

Igualmente se acompaña Circular de la Dirección de Trabajo a las CCAA sobre la interpretación de fuerza mayor para la solicitud de ERTES conforme al artículo 22.1 del Decreto – Ley 8/2020.

En esta circular que amplía y define el concepto de fuerza mayor temporal descrita en el art. 22.1 del Real Decreto ley 8/2020 de 17 de marzo, como derivada del Covid-19, se aclara lo siguiente:

1.- Se incluyen como supuestos de fuerza mayor temporal todos los derivados de sucesos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública (situaciones de contagio o aislamiento preventivo decretado por la Autoridad sanitaria), o bien como suspensiones de actividad derivadas directamente el art. 9 y 10 del Decreto de alarma.

2.- Incluir aquellos otros supuestos que a causa del Covid-19 van a traer consigo la mencionada pérdida de actividad. La no inclusión de este supuesto hubiese impuesto a las empresas cargas desproporcionadas que en modo alguno pueden enjugarse o reducirse con medidas alternativas, existiendo una absoluta desconexión entre el evento del que trae causa la falta de actividad y el área de actuación de la propia empresa.

No obstante en este caso hay que cumplir tres requisitos:

  1. Su carácter inevitable sobre la actividad productiva, en el sentido antes apuntado de externo o desconectado del área de actuación de la propia empresa.
  2. La imposibilidad objetiva de seguir prestando servicios.
  3. El medio instrumental en virtud del cual se producen las anteriores consecuencias tiene que ser de manera necesaria alguno de los mencionados en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley, que se interpretan de manera exhaustiva:

– Suspensión o cancelación de actividades.

– Cierre temporal de locales de afluencia pública

– Restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías

– Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad

Fuera de los supuestos anteriores, hay que entender que estamos ante suspensiones o reducciones por causas productivas (o económicas) por más que pudieran existir dificultades objetivas para mantener la actividad productiva, establecer nuevas pautas organizativas, bajadas de clientela o suministros, cuando en este último caso no suponga una dificultad grave.»

Cualquiera que sea el sector de la actividad al que pertenezca la empresa en tanto que no incluida en el estado de alarma, ya sea el definido en la actualidad o el que pudiera definirse en un futuro, en tanto no afectada por la situación urgente y extraordinaria o en tanto no cumpla los criterios establecidos anteriormente señalados respecto de lo que se entiende por fuerza mayor por causa del Covid-19 cualquier ERTE deberá basarse en las causas del artículo 47, apartados 1 y 2, del Estatuto de los Trabajadores (económicas, organizativas o de producción), debiendo seguir los trámites abreviados del artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020.

El silencio positivo transcurre a los 5 días; no obstante ello, se puede ampliar el plazo conforme al art. 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pudiendo de forma motivada y por acuerdo de Autoridad laboral notificada a la empresa, ampliar el plazo para resolver pasando de 5 a 10 días. Igualmente, se podrá suspender el plazo legal para resolver el procedimiento cuando se requiera a la empresa de subsanación o aportación documental o cuando la Autoridad laboral decida realizar alguna actuación complementaria.

 

Finalmente, se acompaña:  Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

En el mismo se establece un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. Se determina el procedimiento para acordar cómo recuperar ese tiempo de trabajo.

Incluye un anexo con las actividades que se consideran esenciales, y por lo tanto, no sujetas a este permiso retribuido recuperable. Entre ellas están las actividades que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma.

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.- 31 de marzo de 2020 – Remitimos en este enlace la carta enviada el pasado 26/03/2020 pidiendo reunión con el presidente de la Junta de Andalucía.

– Recordamos la resolución de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de marzo de 2020, por el que se aprueban las características del primer tramo de la línea de avales del ICO para empresas y autónomos, para paliar los efectos económicos del COVID-19.

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.- 30 de marzo de 2020 – Recordamos la nueva normativa de ocupación máxima en transporte de personas con vehículos de hasta 9 plazas

Orden TMA/278/2020, de 24 de marzo, por la que se establecen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección de personas, bienes y lugares

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.- 27 de marzo de 2020 – Resumen de Circulares enviadas desde Confebus

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.- 27 de marzo de 2020 – Recordatorio SITUACIÓN EN MATERIA DE TRÁFICO Y CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR

Orden INT/284/2020, de 25 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor

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.- 26 de Marzo 2020 – Línea de Avales para empresas y autónomos, por importe de 20.000 millones de euros, recogida en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID- 19.

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.- 25 de Marzo 2020 – Te informamos que la petición realizada a través del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) en la que se solicitó a la Dirección General de Tráfico (DGT) la agilización de los trámites para cursar la baja temporal y la posterior alta cuando la situación vuelva a la normalidad, ha sido atendida. DOCUMENTO DE REGISTRO DE BAJAS TEMPORAL DE FLOTAS

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.- 25 de Marzo 2020 – La asesoría jurídica de FEDINTRA informa que, según la circular que se envió por correo electrónico el 23-03-2020 a las 20 horas (Informe Jurídico sobre comunicación APAE), tendremos que solicitar indemnizaciones por la suspensión de los contratos de transporte escolar.

No se establece plazo para hacer esa solicitud de indemnización y es lógico, porque no se puede pedir indemnización hasta que no sepamos cuál ha sido el daño efectivo producido por la suspensión de los contratos, y eso dependerá de cuánto dure la suspensión y de cuántos días estaremos sin servicio. La Ley de Contratos establece el plazo de un año para poder reclamar desde que se reinicie el contrato suspendido. Por ello, cuando la circular se refiere al plazo de cinco días, es el plazo que tendrá la APAE a contestar a nuestra solicitud de indemnización.

Desde FEDINTRA  os ayudaremos en estas reclamaciones, incluso si fuera preciso prepararemos un modelo de la solicitud de indemnización para que cada empresa pueda formalizarlo. FEDINTRA están reclamando que se fije un porcentaje del 60% de la facturación como abono de la indemnización automática, sin necesidad de justificación, para al menos cubrir los costes fijos del servicio no realizado 

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.- 21 de Marzo 2020 – Los transportistas recibirán cuatro millones de mascarillas a través del Ministerio de Transporte

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